Noticia: Jordi Turull exige datos sobre los préstamos públicos concedidos por el ICF a Caprabo y Habitat.
A propósito de la noticia:
E.Durkheim (1.858-1.917) escribió: “Nuestro primer deber hoy es construir una moral”.
¿Existe una moral política o publica? El sentido común me dice que si, y mi percepción de la realidad me lleva a firmar que es necesario que los gobiernos se esfuercen en recuperarla y los ciudadanos en exigírsela.
Cada vez mas a menudo nuestros gobiernos son sospechosos de abuso de poder, oscurantismo y obstruccionismo frente a las demandas de transparencia de la sociedad, y consecuentemente la autoridad y el prestigio moral de los mismos es mas cuestionada. Claro ejemplo de ello es lo que rodea a algunos gastos del estado y no digamos a las subvenciones, donde la información mas sensible a este respecto es deliberadamente distraída entre las miles de partidas que componen los presupuestos y los balances del estado o escondida en instituciones paralelas cuyos responsables han firmado pactos de silencio.
A la inmoralidad cometida por el gobierno Alemán hace unas semanas, comprando material robado, o dicho de otra manera, recompensando la comisión de un delito como el robo de una información privada y protegida por la ley por parte de un trabajador de un banco de Lietchestein, se une hoy otro ejemplo como la negativa del ICF a informar a un ciudadano con estatus de parlamentario sobre unos créditos públicos, valga la paradoja, a una empresas privadas como Caprabo y Hábitat, amparándose en el secreto bancario.
En el caso de Lietchestein, por muy inmoral que sea defraudar a hacienda, más lo es que un estado se salte la legalidad. El hipócrita mantenimiento de unos tratados internacionales con paraísos fiscales, donde además de ocultarse un buen puñado de recursos financieros privados, también se esconden los misteriosos beneficios del poder y sus inconfesables negocios, subyace tras el hecho de que el gobierno federal haya optado por procedimientos mafiosos, saltándose los procedimientos legales internacionales para solicitar esa información, para posteriormente justificarse al amparo de la teoría de que el fin justifica los medios, apoyada por la de los hechos consumados.
Mal vamos si nuestros gobernantes olvidan su obligación de dar ejemplo a los ciudadanos.
El caso catalán es también indignante, pues la apelación al secreto bancario por parte de una institución financiera que trabaja con dinero público es a todas luces un atropello, y a lo que iba, una inmoralidad. En el fondo, nos encontramos ante un capitulo mas de la trama de corruptelas que afectan al poder. El simple hecho de que esa información no sea publica de una forma natural, ya produce suspicacias, pero si además se le niega a un ciudadano y no digamos a un parlamentario, lo que despierta es serias sospechas, y la invocación al secreto bancario no hace mas que envenenar aun mas la situación.
La rendición de cuentas interpretada desde la “accountability” británica, es algo que tendría que estar implantado en la cultura de la administración del estado y presidir su actuación, y los ciudadanos exigirlo con mas insistencia. Trata de una serie de prácticas en favor de la transparencia de lo estatal, la lucha contra la corrupción y el control ciudadano de los actos gubernamentales, y se enmarca dentro un proceso por el que los políticos comunican al ciudadano la pertinencia del ejercicio de sus funciones y legitima a la autoridad que la realiza al demostrar lo correcto y la moralidad de su proceder.
Para conseguir una autentica transparencia, hemos de exigir que las instituciones se abran a este control, desarrollando los entornos jurídicos necesarios, de lo contrario, casos como los que hoy me han ocupado quedaran en el olvido como el escándalo del 3 %, y la moralidad del estado seguirá en entredicho.
Nito
A propósito de la noticia:
E.Durkheim (1.858-1.917) escribió: “Nuestro primer deber hoy es construir una moral”.
¿Existe una moral política o publica? El sentido común me dice que si, y mi percepción de la realidad me lleva a firmar que es necesario que los gobiernos se esfuercen en recuperarla y los ciudadanos en exigírsela.
Cada vez mas a menudo nuestros gobiernos son sospechosos de abuso de poder, oscurantismo y obstruccionismo frente a las demandas de transparencia de la sociedad, y consecuentemente la autoridad y el prestigio moral de los mismos es mas cuestionada. Claro ejemplo de ello es lo que rodea a algunos gastos del estado y no digamos a las subvenciones, donde la información mas sensible a este respecto es deliberadamente distraída entre las miles de partidas que componen los presupuestos y los balances del estado o escondida en instituciones paralelas cuyos responsables han firmado pactos de silencio.
A la inmoralidad cometida por el gobierno Alemán hace unas semanas, comprando material robado, o dicho de otra manera, recompensando la comisión de un delito como el robo de una información privada y protegida por la ley por parte de un trabajador de un banco de Lietchestein, se une hoy otro ejemplo como la negativa del ICF a informar a un ciudadano con estatus de parlamentario sobre unos créditos públicos, valga la paradoja, a una empresas privadas como Caprabo y Hábitat, amparándose en el secreto bancario.
En el caso de Lietchestein, por muy inmoral que sea defraudar a hacienda, más lo es que un estado se salte la legalidad. El hipócrita mantenimiento de unos tratados internacionales con paraísos fiscales, donde además de ocultarse un buen puñado de recursos financieros privados, también se esconden los misteriosos beneficios del poder y sus inconfesables negocios, subyace tras el hecho de que el gobierno federal haya optado por procedimientos mafiosos, saltándose los procedimientos legales internacionales para solicitar esa información, para posteriormente justificarse al amparo de la teoría de que el fin justifica los medios, apoyada por la de los hechos consumados.
Mal vamos si nuestros gobernantes olvidan su obligación de dar ejemplo a los ciudadanos.
El caso catalán es también indignante, pues la apelación al secreto bancario por parte de una institución financiera que trabaja con dinero público es a todas luces un atropello, y a lo que iba, una inmoralidad. En el fondo, nos encontramos ante un capitulo mas de la trama de corruptelas que afectan al poder. El simple hecho de que esa información no sea publica de una forma natural, ya produce suspicacias, pero si además se le niega a un ciudadano y no digamos a un parlamentario, lo que despierta es serias sospechas, y la invocación al secreto bancario no hace mas que envenenar aun mas la situación.
La rendición de cuentas interpretada desde la “accountability” británica, es algo que tendría que estar implantado en la cultura de la administración del estado y presidir su actuación, y los ciudadanos exigirlo con mas insistencia. Trata de una serie de prácticas en favor de la transparencia de lo estatal, la lucha contra la corrupción y el control ciudadano de los actos gubernamentales, y se enmarca dentro un proceso por el que los políticos comunican al ciudadano la pertinencia del ejercicio de sus funciones y legitima a la autoridad que la realiza al demostrar lo correcto y la moralidad de su proceder.
Para conseguir una autentica transparencia, hemos de exigir que las instituciones se abran a este control, desarrollando los entornos jurídicos necesarios, de lo contrario, casos como los que hoy me han ocupado quedaran en el olvido como el escándalo del 3 %, y la moralidad del estado seguirá en entredicho.
Nito
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